ALTEA promueve una visión pragmática y constructiva de la política energética: las leyes no deben limitarse a enunciar buenas intenciones, sino traducirse en resultados concretos que impulsen la inversión, el desarrollo industrial, la generación de empleo y la reducción efectiva de emisiones. En este artículo, la Alianza Argentina para la Transición Energética presenta su visión sobre los marcos normativos que el país necesita para avanzar hacia un futuro energético sostenible y competitivo.

1. El desafío de legislar para la transición energética

La transición energética es, por definición, un proceso complejo, transversal y de largo plazo. No se trata solo de sustituir fuentes fósiles por energías renovables, sino de transformar la estructura misma de producción, distribución y consumo de la energía en un país. Esa transformación requiere una combinación equilibrada de políticas públicas, incentivos económicos, planificación técnica y visión estratégica.

En ese contexto, las leyes cumplen un rol central: pueden ser la herramienta que habilita el cambio o el obstáculo que lo posterga indefinidamente. Sin embargo, no todas las leyes nacen iguales. En Argentina —como en muchos otros países— abundan las normas bien intencionadas que, en la práctica, no logran incidir sobre la realidad que pretenden modificar.

Desde la Alianza Argentina para la Transición Energética (ALTEA) consideramos fundamental distinguir entre dos grandes tipos de leyes vinculadas a la energía y la sostenibilidad:
• Las leyes enunciativas, que declaran principios o metas generales sin instrumentos concretos de aplicación.
• Y las leyes de aplicación práctica, que crean condiciones reales para la inversión, el desarrollo tecnológico y la transformación industrial.

Comprender esta diferencia no es un ejercicio académico. Es una necesidad urgente si aspiramos a construir una política energética que combine ambición ambiental con racionalidad económica y viabilidad social.

2. Las leyes enunciativas: cuando la intención no alcanza

En el universo normativo argentino —y en muchos otros países de la región— encontramos leyes que, aunque surgen de diagnósticos correctos y de intenciones nobles, terminan sin impacto real.

Son leyes que declaran “de interés nacional” el desarrollo de una determinada tecnología o recurso, pero no prevén ni presupuestos, ni incentivos, ni mecanismos regulatorios que vuelvan factible su implementación. En algunos casos, el problema radica en la falta de articulación institucional; en otros, en que los instrumentos definidos no se adaptan a la realidad económica y productiva del país.

El resultado es el mismo: una ley que enuncia objetivos pero no los cumple.

Estas leyes suelen generar expectativas iniciales en el sector industrial o académico, pero con el tiempo se transforman en letra muerta. No promueven inversiones, no generan empleo, y no contribuyen a la reducción de emisiones ni al fortalecimiento tecnológico del país.

Desde el punto de vista de ALTEA, este tipo de legislación —a la que denominamos “enunciativa”— implica un esfuerzo legislativo que se pierde. Se trata de normas que consumen tiempo, recursos políticos y atención pública, pero que no logran resultados verificables.
En el campo de la energía, la consecuencia es particularmente grave: cuando el Estado emite señales ambiguas o ineficaces, los actores del sector —empresas, inversores, universidades, gobiernos locales— tienden a desincentivarse, y el país pierde oportunidades de desarrollo y liderazgo tecnológico.

3. Por qué las leyes deben ser herramientas, no consignas

En un contexto global donde la transición energética se acelera, la diferencia entre países que avanzan y países que se rezagan radica, en gran medida, en la calidad y aplicabilidad de sus marcos normativos.

Una ley debe ser una herramienta concreta para resolver problemas y no una consigna simbólica.

Eso significa que debe contemplar al menos tres dimensiones esenciales:
A. Viabilidad económica: la norma debe poder ejecutarse sin depender de fondos públicos insostenibles. En países con restricciones fiscales, es preferible promover esquemas de inversión privada regulada, con marcos de competencia claros y previsibles.
B. Coherencia técnica: la legislación debe basarse en datos reales —potencial renovable, infraestructura eléctrica, capacidades industriales, logística, y demanda interna y externa—. Las metas deben ser alcanzables, medibles y compatibles con las capacidades del país.
C. Impacto social y ambiental: las leyes deben incluir criterios de sostenibilidad y justicia social. La transición energética no será exitosa si excluye a los trabajadores, a las pymes o a las comunidades locales.

En resumen, una buena ley no se limita a declarar objetivos: crea condiciones reales para alcanzarlos.

4. Las leyes de aplicación práctica: el modelo que ALTEA apoya

Desde ALTEA promovemos y apoyamos activamente las leyes de aplicación práctica, entendidas como marcos normativos que generan un impacto verificable sobre la industria, el empleo y la innovación tecnológica.

Estas leyes no se escriben en soledad: se construyen a partir del diálogo entre el Estado, el sector privado, la academia y la sociedad civil. Exigen debate, consenso y conocimiento técnico. Pero sobre todo, exigen voluntad política para que la transición energética sea un proceso real, no una promesa.

Entre las características que definen este tipo de legislación se destacan:
A. Fomento a la inversión privada y reglas claras: los marcos regulatorios deben dar previsibilidad a los inversores nacionales e internacionales. Eso no significa desentenderse del rol del Estado, sino posicionarlo como facilitador y garante, no como único financiador.
B. Promoción del valor agregado local: la transición energética debe ser también una oportunidad industrial. Las leyes deben estimular la fabricación nacional de componentes, la transferencia tecnológica, la creación de empleos calificados y la formación de capital humano.
C. Incentivos a la innovación y a la adopción tecnológica: los marcos legales pueden incluir beneficios fiscales, créditos verdes, o mecanismos de compra pública innovadora que aceleren la adopción de nuevas soluciones (como almacenamiento, hidrógeno verde, biogás, o movilidad eléctrica).
D. Articulación con las políticas de exportación: la energía y los combustibles verdes no solo son una oportunidad para abastecer el mercado interno, sino también para posicionar al país en cadenas globales de valor.
E. Evaluación permanente: toda ley efectiva debe incluir mecanismos de monitoreo y evaluación que permitan ajustar sus instrumentos con el tiempo, de acuerdo a la evolución tecnológica y de mercado.

ALTEA considera que este tipo de legislación permite convertir la transición energética en una estrategia de desarrollo nacional, no solo ambiental.

5. Hacia una agenda legislativa para la transición argentina

La transición energética argentina no parte de cero. Existen leyes importantes, como las que promovieron las energías renovables eléctricas, el régimen de generación distribuida o el marco de eficiencia energética. Pero aún falta consolidar una visión integral que abarque todos los sectores: energía, transporte, industria y uso del suelo.

ALTEA impulsa la creación y mejora de leyes que:
• Favorezcan la producción y uso de hidrógeno verde y sus derivados, integrando la cadena desde la generación hasta la exportación.
• Establezcan mecanismos de certificación de origen renovable y contenido de carbono, indispensables para competir en los mercados internacionales.
• Promuevan la electromovilidad y el transporte sostenible, con incentivos equilibrados y una visión federal.
• Fomenten la eficiencia energética y la digitalización en el consumo industrial y residencial.
• Generen espacios de participación público-privada para el diseño y la implementación de políticas energéticas.

En todos los casos, ALTEA pone a disposición de los legisladores y decisores públicos sus equipos técnicos y experiencia internacional, con el fin de asegurar que las leyes argentinas sean aplicables, medibles y efectivas.

6. De la política a la implementación: el rol de ALTEA

ALTEA no es solo una voz que opina sobre la transición energética; es una plataforma que articula actores, difunde conocimiento y promueve proyectos reales.

Nuestra organización reúne empresas, instituciones académicas, organismos públicos y profesionales comprometidos con la energía del futuro.

Creemos que una buena ley es la que permite que las cosas sucedan: que una empresa invierta, que un municipio implemente un proyecto, que un técnico se capacite, que una universidad desarrolle una nueva tecnología, que una familia pueda acceder a energía limpia y confiable.

Por eso, cuando hablamos de apoyar leyes, no nos referimos a declaraciones de principios, sino a instrumentos concretos que transformen la matriz energética y productiva del país.

ALTEA promueve una legislación que combine realismo económico con visión estratégica, que atraiga inversiones sin comprometer la sostenibilidad fiscal, y que fortalezca el entramado industrial argentino para que el país sea protagonista —y no espectador— de la revolución energética global.

7. Conclusión: legislar para transformar

En tiempos de cambio global, legislar bien es una forma de construir futuro.

La transición energética no se logrará con discursos, sino con marcos normativos sólidos, realistas y coherentes con la realidad nacional.

Las leyes enunciativas, aunque bien intencionadas, solo generan frustración y desgaste institucional. En cambio, las leyes de aplicación práctica —como las que ALTEA impulsa y acompaña— tienen el poder de mover la aguja del desarrollo, generando empleo, innovación, competitividad y sostenibilidad.

Desde la Alianza Argentina para la Transición Energética reafirmamos nuestro compromiso con una legislación útil, aplicable y transformadora.

Porque la transición energética no se decreta: se construye.