El análisis de GME
La Cámara de Diputados de Argentina dio media sanción al proyecto de ley conocido como “Súper RIGI”, un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias orientado a atraer capital hacia actividades que todavía no existen en el país o se encuentran en etapa experimental o piloto. El próximo paso del Ejecutivo será buscar la aprobación en el Senado.
Para los nuevos vectores limpios —hidrógeno verde, amoníaco verde, metanol verde, e-fuels y combustibles sostenibles de aviación— la señal es relevante. Estos sectores han ganado espacio en la agenda pública y privada, pero su desarrollo sigue condicionado por la ausencia de marcos específicos, demanda firme, infraestructura habilitante y financiamiento competitivo.
El Súper RIGI puede contribuir a destrabar parte de esa ecuación. Sin embargo, por su diseño, parece más orientado a atraer megaproyectos de escala global que a acompañar todas las etapas de maduración del ecosistema.
Qué propone el régimen
El proyecto establece una inversión mínima de USD 1.000 millones, con ejecución de al menos 20% durante los primeros dos años, canalizada mediante Vehículos de Proyecto Único. Esta estructura puede facilitar el financiamiento y aislar riesgos, pero exige definir tempranamente el perímetro técnico, contractual y financiero del proyecto.
El régimen propuesto fija un plazo de 5 años para la presentación de solicitudes de adhesión, prorrogable por única vez por hasta 1 año.
Entre los principales beneficios se incluyen 30 años de estabilidad normativa y fiscal, una tasa reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada, deducción de quebrantos sin límite temporal, 0% de derechos de importación y exportación para los bienes del proyecto, y una alícuota única del 10% para contribuciones patronales de nuevos empleos. A esto se suman libertad cambiaria progresiva, arbitraje internacional, libre disponibilidad de productos y activos, y adhesión federal con compromiso de no imponer nuevos gravámenes.
Para proyectos de hidrógeno verde, derivados y SAF, estos elementos son relevantes porque reducen costos fiscales y aduaneros, mejoran la previsibilidad de largo plazo y facilitan la estructuración de proyectos con ingresos, deuda y equipamiento dolarizados.
H2, derivados y SAF: potencial, pero con filtros
El hidrógeno verde y sus derivados aparecen como candidatos naturales: son industrias incipientes en Argentina, intensivas en capital y con potencial exportador. Además, pueden generar cadenas de valor alrededor de recursos renovables, infraestructura portuaria, agua, logística, industria química y servicios especializados.
En SAF, la elegibilidad dependerá de la ruta tecnológica. Nuevas plantas dedicadas o reconversiones mayores de las refinerías de acuerdo a la ruta de producción seleccionada (HEFA, alcohol-to-jet o e-fuels) podrían alinearse con el régimen si implican inversiones elevadas y producción orientada a mercados internacionales. En cambio, proyectos de co-procesamiento en instalaciones existentes podrían quedar más lejos del espíritu del Súper RIGI, por requerir menor CAPEX y apoyarse en activos ya operativos.
El umbral de USD 1.000 millones
La escala mínima es el principal punto de tensión. En hidrógeno verde, USD 1.000 millones no representa un piloto, sino un proyecto de mediana escala. Considerando renovables dedicadas, electrólisis, infraestructura eléctrica, agua, almacenamiento, compresión, ingeniería y contingencias, ese monto podría equivaler aproximadamente a 250–400 MW de electrólisis, con una producción de 20.000–45.000 toneladas anuales de H2 verde.
El problema es que la industria no está desarrollándose con proyectos iniciales de esa escala, ni a nivel local ni internacional.
En efecto, la industria requiere primeros contratos de demanda, validación tecnológica, certificación de origen, desarrollo de proveedores, infraestructura compartida y aprendizaje regulatorio que se facilitan con proyectos de menor porte. En Argentina, esos elementos todavía están en construcción, aunque existen recursos renovables competitivos, interés de desarrolladores y anuncios de iniciativas de gran escala.
El desafío de ejecutar 20% en dos años
La obligación de ejecutar al menos 20% de la inversión en los primeros dos años busca evitar proyectos especulativos, pero puede ser exigente para H2, derivados y SAF. En un proyecto de USD 1.000 millones, implica desembolsar al menos USD 200 millones en poco tiempo.
Antes de llegar a esa etapa, el desarrollador debería haber avanzado en recurso renovable, tierra, permisos ambientales, acceso al agua, ingeniería, conexión eléctrica, logística, acuerdos de suministro, contratos de compraventa y cierre financiero.
En este tipo de proyectos, el verdadero cuello de botella no radica en la construcción de la planta, sino en estructurar la demanda y diseñar un esquema de contratación a largo plazo que sea consistente con una escala de 250–400 MW de electrólisis. Esto requiere, por un lado, asegurar el suministro eléctrico —su principal insumo— a un precio competitivo y estable mediante un PPA renovable; por el otro, garantizar compradores dispuestos a asumir el sobrecosto respecto al hidrógeno gris, además de consolidar una cadena logística competitiva. Asimismo, la tramitación de permisos y los esquemas de certificación y trazabilidad del producto representan desafíos críticos. En este escenario, la ventana de adhesión de cinco años puede resultar muy restrictiva si los proyectos no avanzan con rapidez en la consolidación de sus offtakes, PPAs y permisos clave.
Una escala todavía ambiciosa
A nivel global los proyectos operativos más grandes de producción de H2 y derivados se mantienen concentrados en China (por su capacidad de financiamiento y ejecución estatal directa) y en Europa / Medio Oriente (donde los subsidios directos ya permitieron alcanzar el hito del FID). Sudamérica sigue siendo una de las regiones con mayor potencial a futuro, pero sus proyectos aún transitan la construcción del camino regulatorio y financiero previo a la construcción masiva. El caso de NEOM es el más llamativo de la industria: garantizando la venta del 100% de su producción a un solo distribuidor global (Air Products) antes de levantar la planta, el mismo se encuentra ejecutado por encima del 80% y realizando pruebas integradas para despachar 219.000 toneladas/año de amoníaco verde.
Es importante destacar que China cuenta con una combinación única de factores estratégicos, económicos y de infraestructura que le han permitido consolidar una ventaja significativa en la construcción de estos complejos. Esta sinergia marca la diferencia, posicionando al país como líder en la manufactura de electrolizadores a costos competitivos.
Por otro lado, parte del éxito de los proyectos operativos y en construcción de más de 50 MW radica en que el productor y el off-taker pertenecen al mismo grupo de sponsors del proyecto formando parte de la cadena de valor (captive use).
Estos ejemplos confirman que la escala es posible, pero todavía poco común. Requiere sponsors sólidos, contratos bancables, infraestructura disponible, compradores identificados y marcos regulatorios estables.
Una oportunidad que necesita complemento
El Súper RIGI puede mejorar la bancabilidad de grandes proyectos de hidrógeno verde, derivados y SAF. Sus beneficios atacan variables clave: mitigan el riesgo regulatorio, reducen la carga fiscal y costo de importación de equipos, favorecen la competitividad exportadora y aseguran la disponibilidad de divisas. Pero no reemplaza una política sectorial específica más orientada al escalado progresivo de la industria.
El estatus actual de los proyectos de hidrógeno a nivel global demuestra que el escalado de los kW a los GW no es inmediato. Además, el umbral de USD 1.000 millones puede concentrar la oportunidad en pocos jugadores globales y dejar afuera a pilotos, proyectos modulares, desarrolladores locales y PyMEs tecnológicas.
Argentina cuenta con recursos renovables de calidad, disponibilidad territorial, experiencia industrial y potencial logístico. El desafío será convertir esos atributos en proyectos bancables, sin perder de vista que una nueva industria no se construye solo con megaproyectos: también requiere certificación, demanda local, infraestructura compartida, capacidades técnicas, proveedores y articulación federal.